Mercados de carbono: El comercio de lo invisible

9-3-2026. El mercado, en su surgimiento funcionó bajo la premisa de comprar o intercambiar objetos que podían tocarse, consumirse o transformarse: la sal, el trigo, carnes y otros bienes necesarios para la vida; luego entraron los intangibles o incorpóreos, como los servicios o producciones intelectuales.

La profunda crisis climática que vive la humanidad ha puesto precio en la tarima de la compra-venta a las emisiones de dióxido de carbono (CO₂); las ha convertido en un activo negociable, cotizado en lo que se conoce como mercados de carbono (MC).

Esta herramienta financiera, diseñada para tratar de limitar el calentamiento global a 1,5 °C y dar cumplimiento a los compromisos asumidos por los países en el Acuerdo de París y en las sucesivas conferencias de las partes de las Cumbres sobre Cambio Climático, también es un intento de las naciones desarrolladas por facilitarse el cumplimiento de la deuda histórica adquirida en sus procesos de industrialización.

En los mercados de carbono se comercia con evitar el daño ambiental o con la licencia para cometerlo. Se trata de un sistema donde una operación exitosa se mide por la cantidad de gases no emitidos a la atmósfera.

Ante este panorama, quienes en el pasado podían liberar CO₂ sin que se afectaran sus balances financieros, ahora se encuentran en un dilema: reducir sus emisiones o pagar por su contaminación.

 La primera opción es más costosa; incluiría invertir en tecnologías más limpias, mejorar la eficiencia energética o cambiar procesos para dañar menos el medio ambiente. Mientras la segunda, va de acudir a los mercados para comprar créditos de carbono y así compensar el impacto negativo.

Para entender cómo funciona todo este entramado debe conocerse qué es este mecanismo, cuándo surgió, por qué la necesidad de crearlo, y cómo y quién puede acceder a él.

Anatomía de una transacción

Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se venden y compran créditos de carbono y permisos de emisión. Esta forma de intercambio tiene sus antecedentes en el Protocolo de Kioto, firmado en 1997, durante la tercera Conferencia de las Partes (COP 3) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) en Japón.

Ese documento señalaba a los países industrializados como los principales responsables de los altos niveles de gases de efecto invernadero (GEI) presentes en la atmósfera, y los comprometía a limitar o reducir las emisiones de estos gases. 

Asimismo, establecía tres mecanismos de flexibilidad para contribuir a cumplir los objetivos de reducción de las Partes en los periodos 2008-2012 y 2013 a 2020: Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), el Comercio Internacional de Emisiones y la Implementación Conjunta, estos dos últimos solo disponibles para naciones ricas.

El MDL (más conocido, y vigente hasta hace poco) proponía que los estados prósperos pudieran ejecutar proyectos para reducir las emisiones en aquellos en vías de desarrollo y obtener a cambio créditos o bonos de carbono (denominados Certificados de Reducción de Emisiones), los cuales se contabilizarían como parte de su cumplimiento de las metas internacionales.

Alejandro García Moya, director de la Unidad Técnica para el Mercado de Carbono en Cuba (UMECC) y vicepresidente de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnología de Avanzada, explica que, si bien “los MDL dejaron de tener fuerza en algún momento debido a una serie de situaciones dadas a nivel global, propias de esta primera experiencia y de la política internacional, los mecanismos de MC se mantuvieron funcionando” (y prosperaron en el sector voluntario).

No es hasta el 2015, con la firma del Acuerdo de París en la COP 21, que se retoma con mayor fuerza la idea de emplear estos instrumentos financieros refrendados en el Artículo 6, con el propósito de reducir de manera más rápida y eficaz los gases de efecto invernadero.

La diferencia con respecto a Kioto es que en París sí se instituyeron objetivos puntuales, además de definirse Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional o Contribuciones Nacionalmente Determinada (CND).

Las CND reflejan la ambición de cada país en materia de mitigación, teniendo en cuenta su contexto y capacidades internas. Son compromisos que detallan las aportaciones a realizar para disminuir las emisiones y adaptarse al impacto climático.

El Lic. García Moya señala que “estas contribuciones poseen dos maneras de implementación: las condicionales y las incondicionales.

“Las incondicionales son aquellas que los estados definen y fijan alcanzar en el tiempo dispuesto por ellos, sin ayuda económica externa. Y las condicionales, las que las naciones reconocen con un potencial de reducción de emisiones, pero dependen de financiamiento internacional. Es precisamente a través de estas últimas donde se presenta la oportunidad para aplicar a los mercados de carbono”.

El Artículo 6 sobre los  MC y su funcionamiento, contempla el empleo de instrumentos de mercado (llamados enfoques de cooperación voluntaria) a través de dos mecanismos principales: la Transferencia Internacional de Resultados de Mitigación (ITMO, siglas en inglés), establecidos por el artículo 6.2 del Acuerdo y un Mecanismo internacional centralizado recogido en el punto 6.4.

El especialista aclara que, “aunque estos apartados no hacen alusión directa a los mercados de carbono al no llevar ese título, en la práctica funcionan como tal”, pues según el Acuerdo de París en sus primeros acápites, se abarca la cooperación voluntaria entre los países (mercado voluntario), permitiendo a los Estados Parte comprar o vender las reducciones de emisiones adicionales logradas, en comparación con el objetivo climático fijado por ellos en sus CND. Siempre y cuando promuevan el desarrollo sostenible y garanticen la integridad ambiental y la transparencia, amén de aplicar una contabilidad robusta que asegure la ausencia del doble cómputo. 

De igual forma se crea un mecanismo para contribuir a la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero y apoyar el desarrollo sostenible. Este funcionará bajo la autoridad y la orientación de la Conferencia de las Partes (mercado regulado), con una estructura bajo la cual los países podrán comerciar las reducciones de emisiones (bonos) y remociones de carbono a nivel internacional.

Tambié se retoman todos aquellos proyectos que operaban bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio regulado, establecido por el Protocolo de Kioto y supervisado por la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático.

La particularidad de este apartado, a diferencia del MDL, es que contempla la posibilidad de que los países anfitriones puedan hacer uso de los créditos generados, para cumplir sus propios objetivos de reducción de emisiones.

El Artículo 6.8, en cambio, promueve el uso de enfoques no relacionados con el mercado, para facilitar la cooperación internacional, incrementar la ambición y posibilitar la implementación de las CND.

“El mecanismo incluye cooperación bilateral e internacional hacia otras maneras de compensar este intercambio de unidades de reducción de emisiones, que no sea monetario directamente, sino más bien transferencia de tecnología y otro tipo de colaboraciones de acuerdo con lo pactado por las Partes”. subraya Alejandro García

Ahora, ¿cómo operan estos mercados de carbono voluntarios (MCV) y regulados (MCR)?

La lógica detrás de este sistema implica asignar un costo a la contaminación, donde las empresas pueden comprar créditos para compensar sus emisiones de GEI. En este caso, un bono negociable equivale a una tonelada de dióxido de carbono o a la cantidad equivalente de un gas de efecto invernadero diferente que ha sido evitado, reducido o removido de la atmósfera.

Pese a compartir el mismo objetivo, estos instrumentos funcionan de maneras distintas y están diseñados para atender necesidades específicas. Los regulados operan bajo límites de emisiones establecidos por leyes o acuerdos internacionales, y la principal ventaja es su capacidad para garantizar reducciones verificables, mediante un marco legal sólido.

En cambio, los voluntarios ofrecen mayor flexibilidad, permitiendo que empresas, organizaciones e, incluso, individuos compensen sus emisiones sin estar obligados por la ley.

Los créditos de carbono en estos mercados están respaldados por estándares internacionales, que deben garantizar que los proyectos financiados sean confiables y generen beneficios reales para el clima.

Cuentas claras

Después de seis años de intensos debates sobre lo estipulado en el Acuerdo de París sobre los mercados de carbono, en 2021 durante la COP 26 en Glasgow, Escocia, se estableció el llamado Libro de Reglas de la aplicación del Artículo 6.

El texto allana el camino para poder implementar un nuevo mercado de carbono mundial, en el que los países comercien bonos para cumplir con sus contribuciones nacionales.

Para la Lic. Laura Beatriz Rodríguez Castellón, graduada de Relaciones Internacionales y especialista del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial (CIEM), “la excusa de los mercados de carbono es que no importa donde se mitigue”, siempre que las emisiones globales disminuyan en la cantidad acordada, pues la atmósfera es una sola. “Y se va a realizar donde más barato sea.

 “Aunque los proyectos de mitigación se llevarán a cabo en naciones en vías de desarrollo, ese ahorro que se obtenga será asignado a aquellas que ejecutaron los programas”.

La investigadora del CIEM también aclara, al referirse al comercio de los bonos de carbono, que se califican como créditos de compensación porque es precisamente eso, “una compensación puesto que muy pocos de los proyectos logran disminuir las emanaciones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, solo las equilibran a nivel mundial.

“Los países, en vez de desarrollar políticas públicas o al interior de las empresas, para realmente contribuir a atenuar los GEI con energías limpias o estructuras de descarbonización, adquieren los créditos de carbono para hacer un blanqueamiento verde de sus compromisos (greenwashing)”, y presentar una imagen de responsabilidad ambiental, mientras continúan con sus prácticas de altas emisiones.

Pese a que la mayoría de los proyectos realizados en el mundo persiguen la compensación como resultado final, en la Cumbre de las Partes celebrada en Egipto en 2022 (COP 27), las naciones acordaron establecer un nuevo tipo de crédito de carbono: la unidad de contribución a la mitigación.

Esta tiene la característica de que seguirá contando para el objetivo climático del país anfitrión (donde se desarrollen las acciones) después de la venta y no como compensación para un agente externo.

Si bien los mercados de carbono constituyen una herramienta de financiación para lograr el cumplimiento de los compromisos nacionalmente determinados, hay a nivel internacional preocupaciones en cuanto a la doble contabilidad, que ocurre cuando más de una parte se atribuye la misma reducción o eliminación de emisiones.

Ulises Fernández Gómez, especialista de la UMECC aclara que esto “se evita mediante mecanismos regulatorios robustos y no es responsabilidad de quienes proponen el proyecto, sino de la autoridad ambiental”.

Esta es la encargada de dar seguimiento a los programas en cada fase, a través del registro nacional, el sistema de medición, reporte y verificación, y, sobre todo, con el diseño de un marco político adecuado que contemple qué parte de esos resultados de mitigación va a ser transferido, a declararse contribuciones globales y cuáles se van a reservar para la CND.

En ese sentido, el especialista añade que el Acuerdo de París posee un artículo (13), que determina un sistema marco reforzado de transparencia, para tratar de impedir que estos hechos sucedan.

“Además, en los registros de la Convención en cuanto a los artículos 6.2 como el 6.4, se establece que para una empresa comprar los créditos de carbono debe estar declarado expresamente por quien los emite.

“No obstante, es la vigilancia internacional la que garantiza que no haya doble contabilidad. Cada unidad transaccional debe ser trazable y no puede tener dos destinos”.  

Cuba y los mercados de carbono

En 2025 el Consejo de Ministros de Cuba aprobó la inserción del país en los mecanismos de mercado de carbono que se estaban implementando en el mundo, y designó al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) como la autoridad nacional para llevar a cabo la preparación de las entidades y organismos, con el fin de participar en esos sistemas.

Para cumplir con esa disposición, el CITMA trazó una estrategia de trabajo que, al decir de Alejandro García, evaluaba tres líneas fundamentales: “crear la parte metodológica, técnica, de procedimientos, evaluación y regulación; implantar los modelos de negocios; ver cómo, desde el punto de vista mercantil, se podía implementar ese mecanismo y estipular un marco legislativo para controlar ese proceso.

“Con esto como premisa, uno de los primeros resultados fue la publicación de la Resolución 106 de 2025: ‘Reglamento para las actividades del mercado de carbono’, que establece cómo será medida esta actividad en el país”, y la necesidad de constituir una unidad técnica como estructura organizativa.

Por tal motivo se funda la Unidad Técnica para el Mercado de Carbono en Cuba, que tiene entre sus funciones facilitar los procesos de presentación, evaluación y aprobación nacional de actividades del MC; implementar y mantener actualizada una plataforma virtual con la base documental especializada, y aprobar las metodologías, protocolos y estándares adoptados a todos los actores involucrados en el mercado, entre otras.

“En eso nos encontramos ahora a un nivel muy general. Como en todo proceso habilitador, hay que crear los marcos de entendimiento y preparación de los sectores clave”, subraya Ulises Fernández.

“Incluso, comenzamos antes de la inauguración de la oficina con la impartición de reuniones, talleres y seminarios en organismos como el de la energía, para explicar desde el punto de vista social cuál es la visión de Cuba y por qué se adentra en este fenómeno.

“En un mundo además, que para la izquierda ambiental internacional está marcado por los intereses corporativos, el lavado de dinero y el greenwashing.

“Entonces es interesante ver cómo el país se inserta con su propia narrativa y usa el mercado de carbono para contribuir a la consecución de objetivos nacionales estratégicos como la transición energética, la soberanía alimentaria o la descontaminación de la industria, prioridades trazadas por el Gobierno.

“Porque al final, los proyectos de MC son instrumentos financieros para apoyar los objetivos de desarrollo sostenible y los compromisos climáticos cubanos”.

Uno de los aspectos relevantes a los que hizo alusión Fernández Gómez, fue la pérdida de la credibilidad si no se cumplen las normas diseñadas para los mercados de carbono, en cuanto al destino de los recursos financieros resultantes de una transacción.

“Eso haría que los proyectos no fueran elegibles y es algo que debe tenerse bien claro. Esto es una solución para resolver problemas ambientales, mas no constituye un mecanismo para sanear las finanzas del país ni destinarlo a otro objetivo.

“El acatar las reglas establecidas es, quizás, el desafío más grande que tenemos, así como lograr un sistema que garantice la medición de reporte y verificación, y detecte a tiempo señales de deterioro o retroceso de las condiciones creadas para los proyectos. De igual forma, garantizar que toda la información esté claramente visible para todo aquel que desee consultarla”, manifiesta el experto.

“El mercado carbono es un instrumento importante, pero no es estratégico, ni es el único. Lo que hace es dar espacio a los intereses corporativos de las empresas de los países desarrollados, en un mundo donde hay cada vez más abandono de los compromisos climáticos.

“En ese mundo injusto y desigual tenemos que jugar nosotros. No podemos esperar a arreglarlo para después desarrollarnos”.

Lo importante es no perder de vista que, aunque constituyen un gran atractivo para los países sin importar el lado de la balanza en que se encuentren, esta es una victoria pírrica ante los grandes problemas ambientales que aquejan al planeta.

Pocos son los proyectos que buscan contribuir y no solo compensar la emisión de gases de efecto invernadero que va a la atmósfera. Los estados desarrollados deberían saldar su deuda climática suministrando recursos financieros, tal y como están obligados jurídicamente a hacerlo en el marco de la CMNUCC y el Acuerdo de París, y con arreglo a los principios de equidad, responsabilidades históricas y comunes, pero diferenciadas.